Ley de Glaciares

Citan a declarar a siete ex funcionarios kirchneristas por incumplimiento de la ley de glaciares

El juez Casanello consideró que si hacían cumplir la legislación se habrían evitado los derrames de cianuro de la Barrick Gold; también un informe sobre la gestión actual
MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017 • 18:13
PARA LA NACION

El juez federal Sebastián Casanello citó ayer a indagatoria a siete ex funcionarios kirchneristas por incumplimiento de la ley de glaciares (26.639), en vinculación directa con los derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos mineros Veladero y Lama. Es la primera vez que funcionarios de alto rango son llamados a la Justicia por cuestiones ambientales.


Puntualmente, deberán presentarse ante el juez los ex titulares de la secretaría de Ambiente (actualmente, ministerio) Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso; los ex presidentes de la Administración de Parques Nacionales Patricia Gandini, Carlos Corvalán y Eugenio Indalecio Breard; y Ricardo Villalba, ex director del Ianigla (el instituto encargado de inventariar los glaciares).
Además, Casanello encargó al Departamento de Control de Gestión Ambiental, una auditoría de "todo lo obrado por parte de las autoridades nacionales a partir de enero de 2016". Esto último podría derivar en llamado a indagatoria de autoridades actuales.


"Para nosotros es trascendental. Este fallo, después de tanto tiempo, es un desprendimiento de la causa por los derrames que estamos llevando adelante hace varios años", dijo a LA NACION, visiblemente conforme, Enrique Viale, abogado especialista en el tema y representante legal de la "Asamblea Jáchal no se toca".
En 2015, luego del primer derrame de cianuro que la minera canadiense Barrick Gold produjo en su proyecto Veladero, en San Juan, Viale junto a su colega Diego Seguí impulsaron una denuncia contra los funcionarios ambientales de ese momento. Su argumento fue que ellos debían bogar por el cumplimiento de la ley de glaciares y que, de haberlo hecho, no se habría producido ese desastre químico.


Otro punto a tener en cuenta es que el Ianigla debía inventariar para el 2011 (la ley de glaciares fue sancionada en 2010) la totalidad de los glaciares en zonas prioritarias y no cumplió con esa tarea. La información sobre la cuenca del río Jáchal -que Barrick Gold afecta con su actividad- fue recién publicada cinco años después. "Después de esto, Barrick tiene que hacer sus valijas e irse tanto de Veladero como de Pascua Lama", aseguró Viale.
Pero el alcance de la decisión del juez no sólo se quedará en los ex funcionarios. Según deslizaron fuentes judiciales, podría ser llamado también a declarar el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral y el actual secretario minero, Daniel Meilán. Barrick protagonizó dos importantes derrames durante su gestión.

http://www.lanacion.com.ar/2051181-citan-a-declarar-a-ex-funcionarios-kirchneristas-por-incumplimiento-de-la-ley-de-glaciares

Agroquímicos: Estudio de Sangre


Porteños contaminados: un candidato descubrió que tiene glifosato en sangre

Enrique Viale, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en estas PASO, se hizo los estudios correspondientes y recibió la mala noticia.
Los estragos que hacen los agroquímicos en las personas que viven cerca de plantaciones agrícolas son conocidos, pese al silencio de los medios y el poderoso lobby de los laboratorios.
Sin embargo, en este caso, un candidato a diputado porteño demostró que el peligro excede a esas poblaciones ya que, a través de un análisis de sangre,descubrió que también él, viviendo en la ciudad, está contaminado.
Se trata de Enrique Viale, postulante por Proyecto Sur, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación. "Lamentablemente los resultados han arrojado presencia de glifosato, metabolito AMPA y otro tipo de venenos en mi organismo.No hay forma de quitarlos", expresó una vez recibida la mala noticia.
Y agregó: "Yo no vivo en el campo, vivo en la ciudad. Así que solo tiene como explicación la ingesta de alimentos". También reveló que un estudio reciente del Conicet indica que al menos el 60% de las frutas y verduras que se comercializan en la Ciudad contienen agrotóxicos.
También desde su cuenta de Twitter instó a los candidatos de las otras listas como Elisa Carrió, Daniel Filmus y Martín Lousteau a que se sometan a los mismos exámenes médicos para determinar si también están intoxicados.

Costa Salguero: Denuncian apropiación de espacios público


Su vínculo con Costa Salguero, bajo la lupa
Otro candidato exigió la declaración jurada de Carmen Polledo
El marido de la segunda precandidata a diputada nacional por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo, es uno de los beneficiados por la concesión del predio en el que murieron cinco personas durante una fiesta electrónica. Quieren saber si la actual legisladora participa de las ganancias de esa explotación y si viola la ley de Ética Pública.
A través de un pedido de acceso a la información pública, el abogado ambientalista y precandidato a diputado nacional por el Frente Sur en Marcha, Enrique Viale, exigió que Carmen Polledo, segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos que encabeza Elisa Carrió, y quien preside hoy la Legislatura porteña, haga pública su declaración jurada para determinar el “vínculo y la incompatibilidad de la funcionaria” con la explotación del centro de convenciones Costa Salguero SA, cuya concesión está en manos de una empresa de su marido, Fernando Polledo Olivera.
Además de ser la sede del búnker PRO en todas y cada una de las elecciones en las que participó en los últimos años, Costa Salguero es, en realidad, un predio estatal de 16 hectáreas zonificado como parque, que fue concesionado en 1991 por 30 años a la empresa Telemetrix SA a un precio irrisorio. Viale señaló que la sociedad debe figurar como "bien ganancial" en la declaración jurada de Polledo. "Costa Salguero es el paradigma de los negociados con los espacios públicos", advirtió.
Actualmente, la concesionaria paga poco más de 300 mil pesos por mes y subconcesiona 24 espacios dentro del mismo predio, que le abonan un canon millonario a la empresa. Estos locales funcionaron sin habilitación hasta el año 2010, cuando fueron clausurados por un amparo patrocinado por Viale. “En 24 horas obtuvieron una habilitación express de parte del Gobierno porteño, presidido entonces por Mauricio Macri”, dijo el abogado.
En el mismo pabellón que el PRO utiliza como búnker se celebró la trágica fiesta electrónica de Time Warp en la que murieron cinco jóvenes, cuya investigación acaba de volver a foja cero con la decisión de la Sala II Cámara Federal de apartar al juez Sebastián Casanello. “El juez venía investigando, venía avanzando. No tengo dudas de que en la decisión pesó el poder político. Estamos hablando de la segunda candidata a diputada nacional. Si Casanello seguía investigando, llegaba a Polledo”, señaló Viale a Página/12.
Para el abogado “cuando habilitaron la fiesta electrónica Time Warp en un lugar inadecuado para ese tipo de actividad, el Estado se cubrió a sí mismo y a los empresarios inescrupulosos”. Viale recordó que la Coalición Cívica, entonces oposición al PRO y hoy parte de Cambiemos, salió a “socorrer a Larreta, bloqueando una comisión investigadora”. “Parece que para la impoluta Carrió y sus discípulos los acuerdos políticos coyunturales son más importantes que la búsqueda de la verdad”. 
La protección  judicial sobre la familia Polledo se extendió a una causa que tramita desde hace casi ocho años en la Justicia porteña, en la que se le ordenó a Telematrix y al Gobierno porteño a brindar acceso público al Río de la Plata. Recientemente, el juez subrogante Martín Converset declaró la “caducidad de la instancia judicial”  y dilató el cumplimiento de varias sentencias que obligan a la empresa y al Gobierno a cumplir con la construcción de un camino costero público.
La declaración jurada de Polledo también esclarecería si la candidata ha blanqueado o no su participación en una offshore radicada en Panamá, Rank International Corporation, abierta por el estudio Mossack Fonseca y Asociados, el mismo estudio implicado en el escándalo de los Panamá Papers. 

https://www.pagina12.com.ar/54209-otro-candidato-exigio-la-declaracion-jurada-de-carmen-polled



Oficiales de seguridad privada intentaron echar de Costa Salguero al candidato a Diputado Nacional por SUR en Marcha, Enrique Viale, quien se acercó a filmar acerca de las estafas del PRO en el predio.
"Esto debería ser un parque público de 16 hectáreas, sin embargo está lleno de empresas que obstaculizan la vista", denunció Viale en un video que subió a su cuenta de Twitter.

Necesitamos una banca ambientalista en el Congreso


"Queremos poner en debate las grandes causas, aquellas que están invisibilizadas por la agenda política. Necesitamos una banca ambientalista en el Congreso"

Enrique Viale, candidato a Diputado Nacional por CABA (Sur en Marcha)



Enrique Viale, Carina Lopez Monja y Fernando "Pino" Solanas




Sur en Marcha
Enrique Viale, Carina Lopez Monja, Fernando "Pino Solanas, Damian Solanas y Jorge Selser

Acuerdo Federal Minero: de espaldas a la sociedad



Debate

Minería: un acuerdo de espaldas 

a la sociedad


MARISTELLA SVAMPA ENRIQUE VIALE

Son notorias y muy alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.
Hace tiempo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue de la actividad.
Así, ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas primarias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las escuelas públicas de todo el país.
El Acuerdo desconoce también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la actividad en zonas prohibidas, con supuestos “cuidados ambientales”. Esto constituye una grosera violación de la ley que es clara y contundente al respecto; esto es, no permite bajo ninguna modalidad la explotación minera en glaciares y zona periglaciar.
Además de consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los ´90, el acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era capturar algo más de renta, un punto que la CAEM venía cuestionando hace tiempo. El Acuerdo prácticamente aniquila la posibilidad de creación de este tipo de empresas públicas. Por último, el Acuerdo se arroga el derecho de definir “la participación ciudadana”, ítem que está lejos de ser precisado. No se menciona la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas (una normativa internacional incluida en la Constitución nacional y constituciones provinciales), como tampoco aquellos dispositivos constitucionales ligados a la democracia participativa, que exigen numerosas comunidades locales.

Que la realidad es más controversial y compleja que los discursos engañosos del lobby minero lo demuestra el hecho de que, a diferencia del Acuerdo de 1993, firmado por todas las provincias, éste sólo es suscripto por 14, con la ausencia de importantes jurisdicciones como Chubut, La Rioja o San Luis. Recordemos que fue en Esquel (Chubut) donde nació la lucha contra la megaminería en Argentina a principios de siglo XXI, que luego se propagó a otras provincias y en 2012 tuvo en el levantamiento de Famatina (La Rioja) una de sus expresiones más emblemáticas. Graves accidentes como los de la Barrick Gold en la mina Veladero (antes considerada como “el modelo”, impulsado por la provincia de San Juan), pusieron en evidencia el carácter insustentable de este tipo de minería.
Por otro lado, hay que preguntarse qué posición adoptarán Mendoza y Córdoba, dos provincias que cuentan con comunidades académicas concientizadas e importantes movimientos socioambientales, y donde las leyes de prohibición de la megaminería fueron reconfirmadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, después de un largo período de judicialización, promovido por sectores promineros.
En suma, dicho Acuerdo no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, quienes tienen la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo.
Maristella Svampa es socióloga. Enrique Viale es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.


https://www.clarin.com/opinion/mineria-acuerdo-espaldas-sociedad_0_ryv6iir4W.html

Sur en Marcha, un sueño colectivo

Nos juntamos Proyecto Sur, Pueblo en Marcha y el Partido Social... nace Sur en Marcha, un sueño colectivo...

video



El frente electoral "SUR EN MARCHA" PRESENTÓ SUS CANDIDATOS en CABA


Proyecto Sur, Pueblo en Marcha y el Partido Social, junto a organizaciones sociales, sindicales y culturales, conformaron el frente electoral "Sur en Marcha" para competir en las PASO en la Ciudad de Buenos Aires y debatir sobre las grandes causas invisibilizadas por la agenda mediática y política.
El abogado ambientalista, Enrique Viale y el economista Damián Solanas encabezarán lista a pre candidatos a diputados nacionales por la Ciudad mientras que Jorge Selser (médico cirujano y legislador MC) y Carina Lopez Monja (periodista y politóloga) encabezarán la lista de legisladores porteños.

#SurEnMarcha buscará dar respuesta al modelo de exclusión que sufre la ciudad y proponer una alternativa al servicio de los vecinos y vecinas.

Luego de diez años de Cambiemos, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un territorio para los negocios del macrismo, cada vez más desigual.
Por eso nos proponemos una ciudad donde lo público sea algo para que todos y todas podamos disfrutar y no padecer.
Donde hagamos de los barrios lugares dignos donde vivir.
Donde la educación y la salud sean un derecho para todos y todas... (y no un lujo para pocos).
Donde hagamos de la política la participación de los vecinos y vecinas de a pie.

#Elecciones2017 #PASO2017 #SurEnMarcha

No a las centrales nucleares



“Este acuerdo con China compromete a Argentina para siempre”


16 de mayo de 2017

Revista Cítrica
El abogado ambientalista Enrique Viale considera una “locura” que se decidan instalar dos centrales nucleares sin un debate social previo y adelanta que habrá mucha resistencia de las poblaciones patagónicas.

Por Enrique Viale*
La firma para la construcción de dos centrales nucleares por parte del presidente Macri sin ningún tipo de debate social en Argentina y en las regiones donde se van a instalar, nos parece una verdadera locura, una cuestión casi de un reinado que decide sobre nuestros territorios. En todas partes del mundo este tipo de energías tienen un debate social muy grande, previo a su instalación. Incluso en lugares donde ya están instaladas, como Alemania por ejemplo, hay un proceso de desinversión y las están cerrando.
Esta decisión del Gobierno ya está generando un malestar social enorme y rápidamente en la Patagonia se están organizando. Incluso están despertando algunos sectores u organizaciones que estaban medio dormidas. No será fácil la instalación de estas centrales, sobre todo en la Patagonia, donde hay una historia de lucha muy grande contra este tipo de energía. Hay mucha gente allí que tiene conciencia de la peligrosidad, de los residuos que generan.
Este acuerdo que firma Macri con China compromete a la Argentina para siempre. Recordemos que los residuos de una central nuclear tienen esa enorme peligrosidad durante más de diez mil años. O sea: más de cuatro veces de lo que es la sociedad moderna en el mundo. Por treinta o cuarenta años de energía generamos residuos que vamos a tener que gestionar y sostener durante más de diez mil años. Y a esto hay que sumarle la potencialidad catastrófica que tiene permanente: una especie de espada de damocles que estará pendiente siempre sobre la Patagonia, como consecuencia de la construcción de estas centrales nucleares. Además es una energía cara, sucia, contaminante, no solo en el proceso en sí mismo sino también en la extracción de uranio para alimentarla. Y ni hablar en los residuos que ya mencionamos.
Es increíble que nuestros gobernantes no puedan pensar en el futuro. Ni en la Patagonia como el lugar para la explosión de las energías renovables, que podrían ser la gran alternativa de desarrollo. Las energías renovables son más limpias, y podrían generar puestos de trabajo, muchísimos más que una central nuclear. Y por más tiempo. También se generaría conocimiento y son energías más limpias. Pero evidentemente, eso nos les interesa a quienes toman las decisiones.

*Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas






























































http://www.revistacitrica.com.ar/este-acuerdo-con-china-compromete-a-la-argentina-para-siempre-.html

PDF Libro - "Maldesarrollo"



"Maldesarrollo. 

La Argentina del extractivismo y el despojo"

de Maristella Svampa y Enrique Viale



Editorial Katz
Serie conocimiento 
425 páginas, 

ISBN 9789871566921, rústica - Argentina 
fecha de aparición: septiembre de 2014 

ISBN 9788415917137, rústica - España
fecha de aparición: marzo de 2015 


  En las últimas décadas, la discusión pública estuvo concentrada en algunos temas clásicos: la dimensión y la presencia del Estado en la sociedad, los niveles de apertura de la economía, las relaciones con el capital trasnacional. Pocos, sin embargo, han ido más allá de esas cuestiones con el objeto de analizar las características mismas del modelo de desarrollo argentino. 

  Maristella Svampa y Enrique Viale proponen, en esta obra, ir justamente más allá, e interrogar aquello que el discurso político ha pasado por alto: los modelos que el capitalismo ha adoptado en nuestro país y que están conduciendo a lo que los autores denominan, con precisión y contundencia, "maldesarrollo": "Estos modelos -señalan los autores- presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos". 

  De la megaminería al modelo sojero, del "extractivismo urbano" al fracking, los autores ponen de manifiesto el rol protagónico que las corporaciones económicas y los grandes propietarios cumplen en la definición de lo que es legítimo e ilegítimo, de lo que es posible realizar y lo que no lo es, de lo justo y de lo injusto en lo que concierne a proyectos urbanos, actividades económicas, estilos de vida e identidades colectivas.
 
  Un libro a la vez desgarrador por lo que muestra pero inspirador por lo que propone, pleno de evidencias y de gran aliento teórico, Maldesarrollo es, sin dudas, una lectura imprescindible para los debates sobre nuestro futuro común. 


PDF - Libro "Maldesarrollo. La Argentina del Extractivismo y el Despojo"




No al Acuerdo Federal Minero



Organizaciones Sociales dicen NO al Acuerdo Federal Minero
El nuevo "Acuerdo Federal Minero":

-Consolida un modelo minero de enclave y netamente extractivista, un modelo obsoleto, ideado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión. 
- Pretende acallar y avasallar la resistencia social. 
- Profundiza un modelo a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales. 
- Mete expresamente la propaganda minera en las escuelas primarias y secundarias de todo el país. 
- Consolida el tope de regalías del 3%, impuesto en los 90', que las provincias pueden percibir. 
- Pretende autorizar actividad minera en glaciares y periglaciares, violando la Ley de Glaciares. 
- Limita la creación de empresas mineras provinciales que habían sido creada para poder percibir mas renta. 
- Limita las autonomías provinciales en aquellas jurisdicciones que cuentan con regulaciones que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas. 
- Ni siquiera menciona la consulta previa y consentimiento libre previo e informado a pueblos indígenas.
Ante la inminente firma de un acuerdo entre la Nación y las Provincias distintas organizaciones ambientales y referentes sociales le dicen NO al Acuerdo Federal Minero.

Buenos Aires, 08 de mayo, 2017. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina, acompañados por numerosas organizaciones y referentes sociales*, manifiestan su total oposición al nuevo Acuerdo Federal Minero propuesto por el Gobierno Nacional carece de una mirada integral de la situación minera actual del país, además de priorizar la renta económica por sobre dimensiones sociales y ambientales.



"El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo obsoleto, ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión a costa de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales", denuncia Gonzalo Strano de Greenpeace.



"Asimismo, busca limitar las autonomías provinciales en aquellas jurisdicciones que cuentan con regulaciones que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas en los procesos extractivos, así como también pretende acallar y avasallar la resistencia social al desarrollo de este tipo de actividades de alto impacto ambiental", alerta Enrique Viale de AAdeAA.



"La falta de claridad sobre una cuestión ineludible como los mecanismos de consulta y participación es una señal de alerta ante el no cumplimiento de principios centrales en un Estado de Derecho, como la nula mención a la consulta previa y consentimiento libre previo e informado a pueblos indígenas", resalta Pía Marchegiani de FARN.



Este acuerdo promueve un modelo de desarrollo que no solo contradice a los compromisos internacionales en materia ambiental y climática a los que nuestro país adhiere, sino que acentúa la extracción irracional, generando un daño ambiental irreversible.



*Primeros Adherentes: 
Asamblea de Chilecito; 
Asamblea “Jáchal no se toca”; 
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); 
Colectivo Apacheta de Susques, Jujuy; 
Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Gajat-Ceppas); 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); 
Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); 
Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI) San Juan; 
Greenpeace Argentina; 
Comunidades originarias de la provincia de Jujuy; 
Maristella Svampa (investigadora Conicet), 
Tortorolo y Gabriel Arisnabarreta de (Asamblea socioambiental ECOS DE SALADILLO);  
Gabriela Ferrer (Red Nacional de abogados de pueblos fumigados); 
Marcos Ezequiel Filardi (Coordinador del Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho, UBA); 
Raúl Llobeta (Profesor titular Económica nomina agraria y Extensión rural, UNJU).


Si querés sumarte podes hacerlo enviando el nombre de la organización o nombre de la persona y DNI a: noalacuerdominero@gmail.com

También podés elevar la voz a través de #NOALACUERDOMINERO en tus redes sociales